Pese a las críticas que levantaron alcaldes de Nuevo León y Baja California por mezclar la política con la religión, el presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, Cipriano Chárrez Pedraza, volvió a las andadas al colocar la banda presidencial al Cristo de Jalpan que se encuentra en la parroquia de San Miguel.

Según consta en una serie de imágenes publicadas ayer por la Dirección de Comunicación Social en la cuenta en Facebook del ayuntamiento, el alcalde colocó la banda presidencial al Cristo, con ayuda del sacerdote de la parroquia, ante cientos de feligreses que asistieron a la misa del pasado jueves 15, durante los festejos al señor de Jalpan.

Además de Chárrez Pedraza, quien también montó una guardia de honor ante la imagen, al acto religioso acudieron el secretario general del municipio de Ixmiquilpan, Cuauhtémoc Ruiz González; el secretario de Seguridad Pública municipal, Roberto Camacho Ramos, y el director de Gobierno, Antonio Villa Padilla, entre otros funcionarios públicos.

Con ese acto, el alcalde de Ixmiquilpan cometió una clara violación al artículo 130 constitucional, que establece el principio de separación del Estado con la Iglesia, pero al colocar la banda presidencial con el escudo nacional vigente a la figura de Cristo también violó la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

Cipriano Chárrez no es el único funcionario público que ha trasgredido la ley al mezclar la actividad política con actos religiosos. Los alcaldes de Guadalupe y Benito Juárez, Nuevo León, César Garza y Rodolfo Ambriz, respectivamente, así como el de Ensenada, Baja California, Enrique Pelayo Torres, “entregaron sus municipios a Jesús” para que instale ahí su reino de paz, tal como lo hizo en junio pasado la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes Cervantes.

Esos actos, según el investigador Elio Masferrer Kan, han tomado fuerza con la reforma al artículo 24 constitucional que le abrirá el ámbito público a la jerarquía católica.