Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La procuración de Justicia es una función prioritaria de la actual Administración Estatal, por ello se está alentando que las estructuras orgánicas encargadas de la protección ciudadana sean garantía de legalidad y tranquilidad social, establece la Iniciativa promovida por el Gobernador Egidio Torre Cantú, misma que fue aprobada en Comisiones por Diputados del Congreso del Estado y a  través del cual propone la modernización del marco legal para renovar la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.

Durante la reunión de este lunes, el Diputado Heriberto Ruíz Tijerina, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, informó que la Iniciativa que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Procuraduría de Justicia, Orgánica de la Administración Pública Estatal y de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se promueve en virtud de que el sistema de procuración e impartición de justicia se encuentra inmerso en una transformación, debido a la reforma a la Constitución Federal de fecha 18  de junio de 2008.

Explicó que con ella se puso en marcha una serie de cambios en la forma de conocer, investigar y preparar las pruebas que demuestren la responsabilidad penal de una persona, así como la forma de juzgarla y de sancionar tal conducta delictiva.

La Diputada Aida Zulema Flores Peña, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que se propone establecer en la Ley a  la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro como  nivel de coordinación y se conforme por el Director de Ministerios Públicos, Director de Manejo de Crisis y Negociación, Director de Operación y Director de Atención a Víctimas.

Comentó que en atención a lo anterior, se plantea la necesidad de renovar constantemente dichas estructuras, con el propósito de mantenerlas permanentemente actualizadas, acordes a las exigencias y requerimientos que la modernidad impone.

Manifestó que se plantea una modernización del marco legal para formar una Procuraduría, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la eficiencia y el compromiso con la ciudadanía, ya que ninguna autoridad  tiene mayores facultades que aquellas expresamente contenidas en las leyes que rigen su actividad.

El legislador Rogelio Ortíz Mar, señaló que los objetivos de la Iniciativa son ubicar en la disposición que da sustento a la integración de su esquema administrativo los cargos que conforman la coordinación Estatal Antisecuestro y los que pertenecen a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que forma parte de esa dependencia.

Ampliar las facultades de los Sub Procuradores respecto a la calificación del no ejercicio de la acción penal, cambiar la nomenclatura del puesto del titular del órgano antisecuestro en el Estado, definiendo su objetivo, conformación y marco jurídico de actuación respecto a su competencia y atribuciones.

Mencionó que se deroga la norma que da sustento legal a la Dirección de Normatividad, Control y Seguimiento, en virtud de que sus funciones fueron asumidas por otras áreas administrativas y tácticas de la propia Procuraduría y se dotará de frecuencia normativa a la Ley Orgánica de la Administración Pública con relación a la denominación actual de la Ley Orgánica de la Procuraduría, a fin de otorgar coherencia normativa a dichos ordenamientos en razón de la actualización de nomenclatura referida.

Se dará sustento a la obligación de los funcionarios que ocupen los cargos de Coordinadores que se introducen a la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia, de presentar sus declaraciones de situación patrimonial, bajo protesta de decir verdad, abundó Ortiz Mar.

Por su parte, la Diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez, expresó que en la acción legislativa también se realizan precisiones en las nomenclaturas y atribuciones de algunos cargos que actualmente ya se encuentran creados y en funcionamiento dentro de la Procuraduría.

En su intervención, el Diputado Arcenio Ortega Lozano, resaltó que el Congreso del Estado contribuye al aprobar estas modificaciones, para mejorar la situación de seguridad en la entidad, pues con ello se brindan a la ciudadanía las herramientas legales que  consoliden la seguridad de la población tamaulipeca.

Los Diputados de las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Congreso del Estado, turnaron el dictamen correspondiente al Pleno, para su análisis y aprobación definitiva.