Abogados estadounidenses en materia de inmigración advirtieron a los centroamericanos que forman parte de una caravana de solicitantes de asilo que ha cruzado México hasta la frontera con Estados Unidos que en caso de cruzar a suelo norteamericano podrían ser separados de sus hijos y ser detenidos durante varios meses. Los abogados afirmaron que solo quieren prepararlos para el peor escenario posible.

«Somos los mensajeros de estas terribles noticias», dijo la abogada Nora Phillips, de Los Ángeles, durante un descanso de los talleres legales para los migrantes en tres sitios de la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con el condado de San Diego. Unos 20 abogados dieron información y asesoramiento de forma gratuita. «Eso es para lo que están los abogados buenos», agregó.

Los centroamericanos, muchos viajando junto con sus familias, pondrán aprueba el domingo la dura retórica del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump _que criticó fuertemente a la caravana_ cuando soliciten asilo en Estados Unidos al entregarse a las autoridades de inmigración en el cruce fronterizo de San Ysidro, en San Diego, el más transitado del país.

Trump y su gabinete han estado muy atentos a la caravana, calificándola como una amenaza a Estados Unidos, desde que partió el 25 de marzo en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala. Han prometido una respuesta severa y rápida.

El secretario de Justicia norteamericano, Jeff Sessions, describió la caravana como un «intento deliberado de menoscabar nuestras leyes y sobrepasar nuestro sistema». Pidió enviar más jueces de cuestiones de inmigración a la frontera para resolver casos.

Kirstjen Nielsen, la secretaria de Seguridad Nacional, dijo que las solicitudes de asilo serán resueltas «eficiente y rápidamente», pero afirmó que los solicitantes de asilo deberían pedir una protección en el primer país seguro al que lleguen, en alusión a México.

Cualquier solicitante de asilo que se apoye en declaraciones falsas ante las autoridades de Estados Unidos quedará sujeto a un proceso penal, así como cualquier persona que asesore a inmigrantes para que hagan declaraciones falsas, aseguró Nielsen. Funcionarios gubernamentales y sus asesores afirmaron que el fraude al solicitar el asilo se está convirtiendo en una práctica común para muchos que lo piden y que son asesorados para cometerlo.

Kenia Elizabeth Ávila, de 35 años, estaba agitada luego de que uno de los abogados le comentó el viernes que la temperatura podría ser baja en las celdas de detención temporal y que debía de estar preparada para ser separada de sus tres hijos, de 10, nueve y cuatro años.

Sin embargo, dijo en una entrevista que regresar a su natal El Salvador sería peor. Huyó por razones que se negó a discutir. «Si nos van a separar por unos días, es mejor a que me asesinen en mi país», informó.

En vista de que el Congreso de Estados Unidos no pudo acordar un presupuesto para inmigración en febrero, los funcionarios del gobierno han hecho una prioridad legislativa terminar con lo que llaman políticas con «lagunas legales» y de «detener y liberar», las cuales permiten a los solicitantes de asilo ser liberados mientras sus denuncias son sopesadas en los tribunales en casos que pueden durar hasta un año.

Los abogados que viajaron a Tijuana asesoraron a unas 400 personas que forman parte de la caravana que hace poco llego a la ciudad fronteriza y quienes residen en albergues cerca de muchos burdeles y bares sórdidos.