Por Gabriela Sotomayor. Corresponsal

Ginebra, 11 May (Notimex).- Países integrantes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU urgieron al gobierno de Washington a hacer lo necesario para frenar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y fuerzas del orden en especial contra latinos y afro-descendientes.

En el marco del Examen Periódico Universal de Estados Unidos ante el Consejo, la mayoría de los 121 países que intervinieron en el debate le pidieron tomar medidas para bajar el impacto desproporcionado de la violencia contra las minorías de bajos ingresos.

En respuesta, la delegación estadunidense indicó que el gobierno ha tomado medidas para que los policías se abstengan de consideraciones de raza, etnia, género, identidad de género, origen nacional, religión o orientación sexual en acciones rutinarias o espontáneas.

“A menos que la persona sospechosa responda a una cierta descripción”, aclaró el representante del Departamento de Justicia de Estados Unidos, James Cadogan.

Reconoció que a raíz de las muertes de afroamericanos por policías de raza blanca en Missouri, Baltimore, Ohio y otros estados, se despertó el debate sobre prácticas policiales discriminatorias.

En tal sentido México, integrante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendó al gobierno estadunidense adoptar medidas a nivel federal “para prevenir y sancionar el uso excesivo de la fuerza por agentes del orden contra miembros de minorías raciales y étnicas”.

“Incluso contra personas desarmadas, que afectan de manera desproporcionada a los afroamericanos y migrantes indocumentados”, subrayó el embajador alterno de México, Raúl Heredia Acosta.

Además, llamó a investigar “los casos de muertes de inmigrantes por agentes de la patrulla de aduanas y fronteras, en particular aquellos en donde haya indicios de uso excesivo de la fuerza, asegurar la rendición de cuentas en estos casos y reparar en forma adecuada a los familiares de las víctimas”.

Por otra parte, la gran mayoría de los 121 oradores instaron al gobierno de Washington a imponer una moratoria en los estados donde se practica la pena de muerte y abolir la pena capital.

Respecto a los mexicanos que esperan en el corredor de la muerte, Heredia recomendó aprobar la ley presentada en el Senado para permitir el pleno cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Avena.

En tanto ello sucede, añadió, se debe “evitar la ejecución de las personas a las que se refiere dicho fallo”.

La CIJ falló a favor de la revisión y reconsideración de los casos de 51 mexicanos condenados a muerte que no tuvieron asistencia consular acorde a lo estipulado en la Convención de Viena firmada por el gobierno estadunidense.

Sin embargo, Estados Unidos ha hecho caso omiso del fallo de la CIJ y ejecutó a José Ernesto Medellín, Humberto Leal y Ramiro Hernández, quienes formaban parte del grupo de reos a los que se refiere el caso Avena.

Al abordar el tema, el subprocurador general adjunto de Estados Unidos, David Bitkower, reconoció que su país estudia seriamente el caso de los reos mexicanos.

De igual forma, reconoció que “la sobre representación de minorías en el corredor de la muerte, en particular de afroamericanos, es un motivo de gran preocupación”.

Afirmó que el número de reos que han sido ejecutados ha disminuido y destacó que el año pasado solo fueron ejecutados 35 presos, el número más bajo desde 1994.

Un gran número de Estados alentaron a Washington a ratificar varios tratados como la Convención sobre los derechos del niño; el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; la Convención de la Eliminación de Discriminación de la Mujer y la Convención sobre los derechos de los trabajadores migratorios y de sus familias.