WASHINGTON, EU.- El presidente estadounidense, Donald Trump, intentó ayer frenar el aluvión mundial de críticas con un decreto que pone fin a la separación de los niños inmigrantes de sus padres en la frontera sur, pero no resuelve la situación de los más de 2,300 menores que ya han sido alejados de sus progenitores.

En lugar de ser separados de sus padres al cruzar la frontera, como ocurría desde abril, a partir de ahora los niños indocumentados serán retenidos indefinidamente junto a sus familiares en centros de detención de inmigrantes, según la orden firmada por Trump.

«No me gustaba ver a las familias separadas ni los sentimientos que eso provoca», aseguró Trump al rubricar el decreto.

El presidente no necesitaba usar su poder ejecutivo para acabar con la separación de las familias: Podría haberlo hecho con una simple llamada a su fiscal general, Jeff Sessions, en la que le ordenara detener o modificar la política de «tolerancia cero» contra la inmigración ilegal, que originó el problema.

Esa política, inaugurada formalmente en abril, lleva a presentar cargos criminales contra cualquier adulto que cruza irregularmente la frontera con México, y el inicio de ese proceso por la vía penal llevaba a separarles de los niños con los que hubieran viajado.

Pero Trump no quiso acabar con esa política, que ha provocado la separación de al menos 2,342 niños de sus padres desde mayo y, en cambio, optó por ordenar que se empiecen a ingresar juntas a las familias en centros de detención de inmigrantes u otras instalaciones de las que disponga el Gobierno federal.

El decreto abre incluso la posibilidad de que se detenga a inmigrantes en bases militares si es necesario, algo que se rumoreaba desde mayo y para lo que se están considerando, según informes de prensa, tres instalaciones en Texas y una en Arkansas.

«Mantendremos una frontera poderosa y seguirá habiendo tolerancia cero», aseguró Trump.

El presidente reconoció que tanto su hija Ivanka como su esposa, Melania, «tenían muchos sentimientos» acerca de la separación de los niños y se los han comunicado en los últimos días.

«El dilema es que si eres débil, el país quedará inundado de millones de personas. Y si eres fuerte, no tienes corazón. Quizá prefiero ser fuerte, pero es un dilema difícil», indicó Trump.

A lo largo de la última semana, Trump había defendido que el único que podía acabar con la separación de las familias era el Congreso, y hoy insistió en que sigue esperando un cambio en las leyes migratorias del país que incluya fondos para el muro.

La oposición demócrata cree que el Gobierno de Trump decidió procesar criminalmente a los inmigrantes y separar a las familias precisamente para forzar al Congreso a ceder en sus prioridades migratorias, además de disuadir a los indocumentados de entrar en EU.

Sea cierto o no, Trump consiguió devolver el debate migratorio al Congreso, y la Cámara de Representantes votará este jueves sobre proyectos de ley que otorgarían fondos para el muro con México, además de abordar la situación de los llamados «soñadores», jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.

El decreto de Trump tiene un futuro incierto, dado que contraviene un acuerdo extrajudicial conocido como «Flores», al que se comprometió en 1997 el Gobierno de Bill Clinton y que impide a las autoridades privar de libertad durante más de 20 días a los menores indocumentados detenidos en la frontera.

Por eso, el Departamento de Justicia planea pedir a una corte federal de California que modifique el llamado «acuerdo Flores» para que el Gobierno de Trump pueda «mantener juntas a las familias durante todo el proceso» judicial relativo a los cargos criminales o el procedimiento de deportación, según el decreto.

El consejero de la Fiscalía General de EU, Gene Hamilton, defendió hoy que la orden de Trump es «claramente legal», y dijo que, pese a su recurso a los tribunales, la Casa Blanca prefiere que el Congreso apruebe una ley que acabe con el «acuerdo Flores».

El decreto de Trump no resuelve, por lo demás, la situación de los más de 2,300 niños que ya han sido separados de sus padres, porque el Gobierno no planea facilitar la reunificación familiar.

«Esto no se aplicará a los casos ya existentes», aclaró Kenneth Wolfe, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos -bajo cuya custodia están los niños-, a The New York Times.

¿Cómo se fraguó la separación de familias?

Niños llorando desconsolados por estar separados de sus padres en habitaciones delimitadas por rejas. La imagen es consecuencia de las políticas del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, pero, ¿cómo ha llegado EU a esta situación? De acuerdo con las nuevas medidas del mandatario, todos los fiscales de Estados Unidos debían presentar cargos criminales contra cualquier inmigrante que cruce irregularmente la frontera desde México y deben, por tanto, ser encarcelados y separados de los niños con los que viajan, ya que a éstos no se les puede imputar un crimen.

La decisión es fruto de una directiva del fiscal general de Trump, Jeff Sessions, que fue emitida a comienzos de abril y que luego fue anunciada oficialmente el pasado mayo. Anteriormente, el gobierno presentaba por defecto cargos por la vía civil contra los inmigrantes irregulares, lo que les permitía ser puestos en libertad hasta que los jueces tramitaban sus peticiones de asilo y no ser separados de sus hijos. En 2005, el entonces presidente, el republicano George W. Bush, puso en marcha la operación «Streamline», inicialmente en Texas y luego expandida a otras zonas limítrofes, que buscaba procesar por la vía criminal a los inmigrantes llegados ilegalmente, con la excepción de las familias con menores.

Este plan es considerado el germen de las políticas de «tolerancia cero» de Trump y fue empleado parcialmente por el Ejecutivo del expresidente Barack Obama (2009-2017) hasta 2014.

Hasta el giro de Trump, las distintas Administraciones habían cumplido con un acuerdo, conocido como «Flores», al que llegó el Gobierno con dos organizaciones humanitarias en 1997 -con Bill Clinton como presidente- y que establece que los menores no acompañados detenidos en la frontera sólo pueden ser privados de libertad durante 20 días. En 2014, Obama violó ese pacto cuando se produjo una llegada masiva de menores procedentes de Centroamérica. En ese contexto, en 2016, un juez federal de California falló contra las políticas que había puesto en práctica el Gabinete de Obama y estableció que el límite de 20 días de arresto también debía aplicarse tanto a menores que llegaban con sus familias como a sus parientes, pero finalmente una corte de apelaciones decidió aplicarlo sólo a los niños.

Abuchean a Nielsen… en restaurante mexicano

Alrededor de una docena de manifestantes abuchearon a la secretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen sobre la política de inmigración de la administración Trump mientras cenaba en un restaurante mexicano en Washington.

En un video publicado en Facebook por Socialistas Democráticos de DC de Metro DC, los manifestantes gritaron, «si los niños no comen en paz, no comerán en paz».

Nielsen pagó su cuenta y se fue después de unos 10 ó 15 minutos.

Un vocero del departamento tuiteó que durante una cena de trabajo, la secretaria y su personal escucharon a un pequeño grupo de manifestantes que «comparten su preocupación con nuestras actuales leyes de inmigración».

‘Reemplaza una crisis con otra’

El decreto del presidente estadounidense Donald Trump, que pone fin a la separación de familias que sean detenidas al cruzar la frontera sin documentos, abre el riesgo de desatar otra crisis con familias detenidas por tiempo indefinido, dijo ayer la Coalición de Inmigrantes de Florida (CIF).

«Lo que el presidente está proponiendo va a empeorar el problema, porque ahora vamos a tener familias completas detenidas en estos centros», dijo Melissa Taveras, portavoz de la CIF.

La orden ejecutiva de Trump tiene el objetivo de mantener unidas a las familias mientras están detenidas, acelerar sus casos y pedir al Departamento de Defensa que ayude a hospedar a las familias.

«Esto de continuar con las detenciones es muy triste, las personas se están quedando en centros de detención por dos meses o tres meses, en vez de estar cumpliendo con su proceso desde otro sitio menos inhumano y que no sea un costo tan fuerte también para los contribuyentes», expresó Taveras.

La orden de Trump también lleva a otra duda: qué sucederá después de 20 días, que es el plazo para una resolución judicial en que se permite actualmente la detención cuando hay niños involucrados.

Taveras también cuestionó qué pasará con los dos mil 342 niños que están separados desde abril de sus padres, según datos del Departamento de Seguridad Interna.

Trump dijo que mantendrá su política de «cero tolerancia» anunciada en abril pasado, mediante la cual todos los inmigrantes que cruzan la frontera son ahora sujetos de encausamiento criminal, pese a que el ingreso sin documentos al país es una falta administrativa y no un delito.

Desde abril, dos mil 206 adultos han sido encausados bajo cargos criminales por cruzar la frontera de manera ilegal.

«Lo importante es que se hizo sentir la opinión de la comunidad de lo cruel e incorrecto que estaba haciendo» Trump, señaló por su parte Nora Sándigo, dirigente de la Fraternidad Americana.