Buenos Aires, 2 Mar (Notimex).- El expresidente de Argentina, Carlos Menem (1989-1999), comenzó a ser juzgado hoy en una causa en la que se le acusa del pago de sobresueldos por 500 millones de dólares entregados de manera ilegal durante su mandato.

El tribunal formado por los magistrados Patricia Mallo y Néstor Costabel puso así en marcha un proceso en el que desfilarán 80 testigos y que debe terminar con sentencias este mismo año.

Además de Menem, están procesados por el delito de peculado su exsecretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, los exministros de Economía, Domingo Cavallo; de Justicia, Raúl Granillo Ocampo y de Defensa, Oscar Camilión.

La lista la completan los exfuncionarios José Domingo Coronel, Raúl Alberto Castellini, Heriberto Jorge José Gerardo Baeza González, José Alberto Torzillo y Enrique Kaplan.

Menem fue procesado luego de que Alsogaray y Granillo Ocampo, reconocieran haber recibido “pagos extra sin recibo” cuando fueron funcionarios.

El juez Jorge Ballesteros denunció en un fallo dado a conocer hace varios años que “durante el período durante el cual el nombrado ejerció la Presidencia funcionó en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional un sistema de distribución de dinero”.

Los recursos, dijo, se repartieron “entre los funcionarios a cargo de los distintos ministerios y secretarías de Estado, cuya ejecución se efectuaba en un primer momento en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia y luego en la Jefatura de Gabinete».

La exministra de Medio Ambiente confirmó las sospechas de pagos ilegales existentes durante el gobierno de Menem cuando se le juzgó por enriquecimiento ilícito y justificó su incremento patrimonial en los polémicos sobresueldos.

Quien fuera una de las principales figuras de la corrupción menemista fue condenada tres años a prisión y a devolver casi dos millones de pesos (500 mil dólares) al Estado, pero ha seguido enfrentando nuevos juicios en su contra.

Menem, en tanto, ya fue condenado a siete años de prisión por el delito de contrabando agravado, al haber firmado entre 1991 y 1995 decretos para vender armamento de manera ilegal a Croacia y Ecuador.

El expresidente, sin embargo, sigue libre gracias a sus fueros parlamentarios como senador y a que apeló la sentencia, la cual no puede hacerse efectiva hasta que no quede firme.