Sonora (Agencias).- Este miércoles se cumplen cuatro años de la mayor tragedia infantil que se recuerda en México. El 5 de junio de 2009 a las dos y media de la tarde un incendio en un almacén contiguo alquilado por el Gobierno de Sonora se extendió a la guardería cuando unos 150 niños dormían la siesta. El centro formaba parte de la red de guarderías públicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde 2001, pero no tenía ni el mínimo sistema de seguridad. No sonó la alarma de incendios, de las paredes no colgaban extintores y las dos puertas de emergencia estaban selladas. El saldo es hoy una de las mayores bofetadas a los mexicanos y su sistema de justicia: 49 niños muertos, 75 heridos, algunos con secuelas graves, y cero culpables.

El caso está empantanado en manos de un juez federal aún lejos de dictar sentencia. El abogado de parte de los padres Lorenzo Ramos Félix asegura que la Procuraduría General de la República (PGR) – fiscalía- “jamás ha investigado el caso, lo que hizo fue colgarse de las averiguaciones de la fiscalía de Sonora, que en su día ni siquiera aseguró la escena del crimen”. El procurador Jesús Murillo Karam ordenó este lunes “revisar” las investigaciones que hizo la fiscalía en su momento, pero los padres ya no se lo creen. “Ellos pueden decir muchas cosas para desviar la atención, pero la realidad es que no existe búsqueda de justicia. Están esperando que pase el tiempo”,dice el abogado.

Los jueces que llevaron el caso eludieron inculpar a funcionarios de alto rango ni federal ni estatal. Ni a los directores del IMSS, que otorgaron y fueron renovando la licencia de funcionamiento, ni a quienes desde el gobierno local o estatal permitían que la guardería operase sin cumplir los requisitos de seguridad mínimos, ni a los dueños de la guardería. De hecho, una de las socias, Marcia Matilde Altagracia Gómez, fue exonerada por un juez de toda responsabilidad en 2011. Se trata de la prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón.