México (Agencias).- «Esto no es más que una venganza del PRI y del PVEM contra la iniciativa privada». La cúpula empresarial del país rechazó el contenido de la ley 3de3, que anoche fue aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados con cerrada votación.

Los integrantes de la IP consideran que es excesiva y que no previene ni sanciona la corrupción. Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, dijo que generará opacidad. La ley contempla que particulares y empresas que reciban recursos públicos presenten declaraciones.

La inconformidad de las cúpulas empresariales, líderes de organizaciones ciudadanas y académicos en contra de senadores que avalaron la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como 3de3, se debió a la incorporación de particulares como sujetos obligados para la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, cuando reciban o ejerzan recursos públicos.

El nivel de molestia de la iniciativa privada llegó a tal punto que, en un hecho inédito, un grupo de integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) protestaron en contra de esa reforma en las escalinatas del Ángel de la Independencia.

“Con esto pretenden endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan los recursos públicos”, coincidieron los líderes de cada cúpula empresarial.

Critican “ocurrencia de madrugada” de los senadores

Mauricio Merino, coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas, calificó un como una “ocurrencia de madrugada” la inclusión a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la obligatoriedad de particulares de presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Subrayó que si los legisladores quieren fortalecer y defender el Sistema Anticorrupción, “no pueden operar esa barbaridad jurídica”.

Al respecto, el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, calificó de “aberrante” la redacción del artículo 32 de la ley 3de3; e incluso señaló que “tal como está redactada implicaría que, por ejemplo, los 34 millones de Prospera o los becarios del Conacyt o Conaculta tengan que presentar su 3de3 porque recibe recursos públicos. ¿Si Microsoft le vende un software al gobierno, Bill Gates tendrá que presentar su #3de3?”, cuestionó.

Académicos y organismos civiles enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, en la que aseguran que esta adhesión de último momento en el Senado se realizó “sin diagnóstico previo y sin ninguna racionalidad aparente”.

Para que haya corrupción, tiene que estar la otra parte: Justifica senador del Verde

En respuesta a los señalamientos de los empresarios, el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, Pablo Escudero Morales, del PVEM, recalcó que “la corrupción siempre va en dos vías”.

El legislador advirtió que si el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, “nosotros se los vamos a recordar, ya que este no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción, tiene que estar la otra parte, y ellos tienen que comprometerse también”.

«Qué pasará con el que contrate albañiles: ¿quién deberá declarar?»

Líderes parlamentarios y el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, reclamaron al Senado que la “incorporación a última hora” de la aplicación de la ley 3de3 a particulares, personas físicas y morales, “es confusa, vaga y hasta inaplicable”.

“La verdad es que quedó muy confusa la ley, porque ya no hablemos sólo de empresas, sino qué pasará, por ejemplo, con el que contrate albañiles. ¿Quién deberá declarar?… y cómo hacerlo, tampoco quedó claro”, explicó el vicecoordinador del PRI en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín.

“Entiendo que para eso se creó el Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí se tienen que diseñar los formatos y los mecanismos para ver la forma, los alcances y quienes son quiénes deben presentar esas declaraciones”, anotó.

El coordinador del PVEM, Jesús Sesma, admitió: “A mí no me queda claro, yo no lo tengo claro como podría ser. Está el comité que se creó para eso, pero no entiendo cómo se haría. Yo ya pregunté y nadie sabe nada”.

Marko Cortés, jefe de la bancada del PAN, pidió retirar esta redacción del dictamen “presentada de último momento” por el PRI y el PVEM, porque “es imposible de ejecutar”.

“Es completamente inoperante. Queremos que las empresas, que las personas físicas y morales, también estén sujetas al escrutinio público, pero con ciertas características, con ciertas modalidades, a partir de ciertos montos, y que no sea en la generalidad; porque así simplemente su aplicación sería imposible”.

El coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, planteó: “Hay razones de sobra para que los particulares estén hoy preocupados y molestos, pues esto no es más que una venganza del PRI y del PVEM contra la iniciativa privada, que se atrevió a recriminarles su negativa a combatir la corrupción.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro, de Morena, lamentó que “es irresponsable la forma en cómo se incluyó este tema, porque es totalmente ambiguo e, incluso, si no hay claridad, es hasta contrario a la Ley de Protección de Datos Personales. Si dicen que lo hará el Comité de Participación Ciudadana no le dieron los instrumentos para ello”.