Estás de acuerdo en que la Ley Federal de Trabajo establezca que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el CONEVAL?”. Esta es la pregunta que el PAN proponía hacer en una consulta popular, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional.

En la sesión de este miércoles 29 de octubre, losministros del máximo órgano de justicia en México frenaron la aplicación de una de las tres consultas populares propuestas por los partidos políticos para aplicarse en los comicios de junio de 2015.

Por mayoría de seis votos, el pleno de la Suprema Corte consideró inconstitucional la pregunta y desechó el proyecto del ministro ponente José Ramón Cossío Díaz.

La consulta popular llegó por primera vez a la corte luego de que la reforma política de 2012 lo contempló como un “mecanismo de participación e intervención de los ciudadanos en la toma de las decisiones relacionadas con temas relevantes”.

El ministro ponente advirtió que la pregunta presentada por el ex presidente del PAN, Gustavo Madero, “contenía suficientes elementos que satisfacían la objetividad requerida por la ley aprobada por el Congreso de la Unión”; pero el leguaje era poco claro y sencillo, por lo que propuso modificarla para quedar así: ¿Estás de acuerdo en que se fije un nuevo salario mínimo, que resulte suficiente para que una familia adquiera los bienes y servicios requeridos para cubrir sus necesidades alimentarias o no alimentarias?

En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán apoyó el proyecto en términos del artículo 35, fracción VIII, toda vez que “la materia sometida a consulta por los accionantes, sí es constitucional”. A este argumento se sumaron los ministros Juan Silva Meza, Fernando Franco y el ministro instructor, José Ramón Cossío Díaz.

Los votos en contra fueron por parte de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Margarita Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar Morales.

La ministra Sánchez Cordero explicó que tal como estaba planteada la pregunta del PAN, se intentaba que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos adopte “necesariamente el factor denominado ‘línea de bienestar’”, determinado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; entonces, “nos encontramos frente a una consulta popular que busca tener efectos en el ámbito legislativo, y no el establecimiento por parte de las autoridades competentes, de un nuevo salario mínimo, ya que ello, considero, además de las implicaciones legislativas, incidiría en el ámbito de competencia ejecutiva, sin que esto coincida con la petición misma”.

La ministra Luna Ramos argumentó que “sí hay una contradicción” entre lo establecido en el artículo 123, porque aún cuando se esté determinando que el salario mínimo lo establezca la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, “lo cierto es que se está sustituyendo prácticamente el segundo párrafo del artículo 123, por las razones que nos da la CONEVAL y los parámetros establecidos para su determinación”.
Por tanto, dijo, la consulta, “no puede en un momento dado, establecer situaciones o parámetros que de alguna manera contradigan lo ya establecido por la Constitución”, y en todo caso, la única manera de reformar la constitución es a través del Congreso.