México (Agencias).- La Procuraduría General de la República (PGR) ordenó el embargo de las cuentas bancarias del segundo accionista de la empresa Oceanografía, Martín Díaz Álvarez, quien hasta principios de marzo fue presidente del consejo de administración de Caja Libertad.

Ante la medida de la PGR, Díaz Álvarez promovió el pasado viernes una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Amparo en Materia Penal, para impugnar el aseguramiento de sus bienes.

Este día la PGR identificó a directivos, socios y accionistas de la empresa Oceanografía que, además del presidente de la empresa, Amado Yáñez Osuna, podrían haber participado en las operaciones fraudulentas y blanqueo de fondos en que habría incurrido dicha empresa contratista de Pemex.

Autoridades federales confirmaron este diario que desde la semana pasada se comenzaron a girar citatorios de presentación a las personas posiblemente involucradas.

Uno de los socios de la empresa, Oscar Rodríguez Borgio, tramitó desde el 20 de marzo un amparo en contra de cualquier orden de presentación, localización o detención que se gire en su contra.

Ayer el procurador Jesús Murillo Karam confirmó que se comenzaron a girar los citatorios correspondientes en el marco de la investigación. La primera de ellas fue la de Yáñez Osuna, quien decidió presentarse de forma voluntaria a declarar antes de que fuera buscado por la Policía Federal Ministerial.

Según las fuentes consultadas, hay por lo menos cinco citatorios girados a personas vinculadas con la operación de esta empresa, la cual es investigada entre otras cosas por un fraude cercano a los 400 millones de dólares en agravio de Banamex. Las identidades de los citados no se han revelado.

 

Arraigo de Amado Yáñez para proteger intereses superiores: PGR

Por otra parte, el procurador, Jesús Murillo Karam, dio los detalles de la situación jurídica del principal accionista de la empresa Oceanografía, Amado Yáñez, quien atraviesa un arraigo domiciliario de 40 días.

La conferencia de prensa por la Procuraduría General de la República (PGR), fue expresamente para aclarar por qué solicitaron este recurso jurídico.

“Cuando hablábamos del arraigo, planteamos que no estamos de acuerdo con el abuso del arraigo. Y planteamos que fuera un ejercicio excepcional para proteger intereses superiores. Este es un caso de esta naturaleza” sostuvo Murillo Karam.

El procurador sostuvo que al hacer efectivo este recurso se protegió el empleo de las más de 11 mil familias que laboran para Oceanografía.

Además, explicó que el arraigo protegerá también la operación de Pemex, dado que no se cuenta con la información económica suficiente para proceder contra la empresa, por lo que Yáñez se encuentra en calidad de indiciado.

Por último, el fiscal aclaró que este caso no tiene orden político de ninguna especie.

ejb