CIUDAD DE MÉXICO.-Los representantes permanentes de la sociedad civil ante el Consejo Nacional de Seguridad Publica dieron la bienvenida a la Gendarmería nacional, y pidieron a los ciudadanos otorgarle el beneficio de la duda en el cumplimiento de sus objetivos para proteger a los sectores productivos.

María Elena Morera, Edna Jaime, Andrea Ambrogi Domínguez, Alejandro Martí y Miguel B. Treviño coincidieron en conferencia de prensa que el problema de fondo de la inseguridad pública no se resuelve con la creación de nuevos cuerpos policiacos, o el cumplimiento de un compromiso de campaña.

Lo que se requiere es que todos los cuerpos policiacos del país, federales, estatales y municipales actúen en forma unitaria y en coordinación, que todos sus elementos estén bien capacitados para el ejercicio profesional del trabajo de policía que tienen encomendado.

Los cinco ciudadanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil que se distinguen en la lucha contra la inseguridad pública, destacaron los resultados de la XXXVI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada el viernes pasado bajo la conducción del presidente de la República.

Miguel B. Treviño expuso diferencias que organizaciones sociales mantienen con autoridades en su enfoque para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, en cuatro grandes rubros en que se divide el análisis: información, resultados y estadística; formación policiaca; distribución y uso de recursos; y, políticas de comunicación.

En el primer rubro consideró inaceptable que persista discrepancia sobre índices delictivos, cómo se acopian y evalúan, t en ese sentido destacó que se haya aprobado la propuesta de Edna Jaime para consolidar áreas de análisis y estadística de las instituciones de seguridad pública.

A partir de que todas las instituciones hayan estandarizado los criterios de recolección y generación de información será posible aceptar los resultados que indican el mejoramiento en materia de seguridad, en caso de que realmente exista.

Respecto a la formación policial insistió que la creación de nuevos cuerpos como la Gendarmería Nacional no resuelve el problema de fondo, que consiste en profesionalizar a todos y cada uno de los cuerpos policiacos del país.

En materia de asignación y gasto de recursos federales para seguridad, dijo que mientras se insiste en canalizarlos a través de los gobernadores, la sociedad civil pide distribuirlos a partir de los objetivos de las políticas públicas en materia de seguridad buscando resultados y no control político.

En relación con las políticas de comunicación expuso que mientras las autoridades insisten en utilizar tiempos del Estado para la promoción de logros, la sociedad civil demanda se utilicen en información útil para la sociedad.

Andrea Ambrogi informó a su vez de las cinco propuestas concretas que presentaron en la reunión para mejorar la seguridad pública a partir de las estadísticas oficiales, donde se constata que el delito más común sigue siendo el robo a transeúntes, en especial en teléfonos celulares y la permanente extorsión desde reclusorios.

Estás propuestas, que el secretario técnico del Consejo se comprometió a evaluar consisten en que el gobierno controle todas las telecomunicaciones que se generen desde el interior de las cárceles.

También, que el gobierno cuente con una interfaz directa de los servidores de las compañías telefónicas para permitir la geolocalización de teléfonos en forma rápida y eficaz, con el fin de permitir la inhabilitación inmediata de cualquier teléfono celular robado.

Asimismo, que todas las patrullas policiacas cuenten con sistema GPS, que se modifiquen las jornadas policiales de 24 horas que son extenuantes por otras de ocho horas y que los puntos de revisión carreteros de autoridades locales cumplan protocolos de operación y con sistema de videograbación.

Alejandro Martí hizo ver que solamente será posible determinar si hay mejoras y avances en materia de seguridad cuando se parta de la misma información y se tenga los mismo objetivos, así como los medios para lograrlo entre las sociedad civil y las autoridades.