México, DF (Agencias).-  La cúpula empresarial del país afirmó que «es hora de superar el mito de un nacionalismo ligado a un monopolio petrolero, estancado por restricciones que lo asfixian y que pueden dejarnos fuera como país de la mayor revolución del sector energético de los últimos cien años».

Así lo afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani durante su toma de posesión al frente del organismo para un segundo periodo de un año.

Ante el presidente Enrique Peña Nieto, quien enfrenta cuestionamientos por la poca claridad de sus declaraciones en torno a si la reforma energética incluirá o no la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado, el dirigente empresarial sostuvo que el país necesita reformas verdaderamente estructurales y que los mexicanos ya no podemos quedarnos en cambios superficiales, misceláneas o en ajustes provisionales.

«Atrevámonos a dejar atrás lo que nos limita y no tiene razón de ser», sostuvo.
Advirtió que en el mundo se perfilan cambios radicales en el consumo de hidrocarburos, así como un aumento en la producción mundial de los mismos, vía fuentes como el Shale gas, y el Shale Oil, que abundan en México, pero también en Estados Unidos y Canadá.

«A mediano y largo plazo esto implica precios y exportaciones a la baja y de no prepararnos con inversión y tecnología, (y resolver) dificultades en nuestra capacidad de autoabastecernos, esto puede ser un riesgo futuro».

Candiani, señaló que por ello, el sector privado del país «se pronuncia en contra de la privatización de Pemex y a favor de la apertura a las inversiones públicas y privadas para potenciar al sector y a la economía».

Adelantó que la reforma en materia energética detonará inversiones por 300 mil millones de dólares en este sexenio y generará «cientos de miles» de empleos.

«Que nuestra riqueza en hidrocarburos, patrimonio de la nación, sea fuente de valor agregado para la sociedad y palanca de desarrollo», puntualizó.

También señaló que una de las prioridades de la actual administración es aprobar una reforma fiscal que incremente la recaudación en cuatro puntos del producto interno bruto (PIB), para elevarla desde su actual nivel de alrededor de 10 puntos porcentuales.