En los recientes Foros del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2012-2018), del gobierno de Peña Nieto, uno de los Programas que más están siendo respaldados es el “Programa 3×1 para Migrantes” de la Sedesol.
Lo que da mayor valor a este programa, es que es el único instrumento de planeación del gobierno federal que tiene su origen en la sociedad civil organizada, aunque en este caso se trate de clubes y asociaciones de mexicanos residentes en Estados Unidos.
En esa dirección, el Programa 3×1 ha querido identificarse como un referente internacional que incide en diversos aspectos: primero propicia la organización de los mexicanos migrantes, estableciendo puentes entre las comunidades de origen y de destino.
Segundo, busca maximizar los recursos económicos que envían los migrantes organizados para la realización de obras de beneficio colectivo y, finalmente, permite ejercer un nuevo tipo de presión sobre los distintos niveles de gobierno para que transparenten el uso de recursos públicos, rindan cuentas y acepten la supervisión comunitaria en la realización de obras.
Así, el programa abre un espacio de negociación para los migrantes que plantean una nueva forma de desarrollo comunitario.
En cuanto a la relación existente entre el programa y el desarrollo económico generado por las divisas enviadas por los migrantes, existen al menos dos posiciones que examinan los procesos migratorios como facilitadores del crecimiento de las comunidades: a) la teoría del capital social; y b) la teoría de la economía de la migración.
La TEORÍA DEL CAPITAL SOCIAL establece que la presencia y las actividades de las organizaciones sociales fomentan la inversión a través de la integración de diversos recursos y que el capital social puede construirse cimentando un potencial sinérgico entre organizaciones privadas y gobierno.
Desde esta perspectiva teórica, el Estado debe fortalecer los hábitos de colaboración de los ciudadanos con las acciones de gobierno, a fin de generar cambios benéficos en el abasto de servicios o en la provisión de bienes públicos y en donde el capital social debe ser considerado como un potencial para producir desarrollo local a través de políticas que afecten positivamente la productividad.
Por su parte, la llamada TEORÍA DE LA ECONOMÍA DE LA MIGRACIÓN afirma que las remesas colectivas maximizan los ingresos de las comunidades expulsoras, minimizando los riesgos en inversiones y posibilitando la participación en proyectos de desarrollo local con el objeto de mejorar el bienestar de sus miembros.
En esta perspectiva, el proceso migración-recepción de remesas permite suplir las fallas y las carencias de los mercados económicos, ya que las naciones —por medio de la migración— envían al exterior sectores de su fuerza de trabajo para garantizar la existencia de créditos, seguros, subsidios, ampliar inversiones y mejorar el nivel de vida.
En esa perspectiva, las remesas colectivas enviadas por las asociaciones o clubes de migrantes a manera de donaciones filantrópicas destinadas a construir infraestructura urbana y para apoyar proyectos sociales básicos, han sido interpretadas por algunos autores como un sustituto del “Estado benefactor” y, entre otras cosas, revelan que es más fácil para los migrantes enfocarse en el bienestar de sus comunidades de origen en México que trabajar para crear mejores condiciones para ellos en Estados Unidos.
En ese tenor, se ha señalado que es muy injusto cargar responsabilidades que no les corresponden en las espaldas de los migrantes, ya que no es función de éstos resolver el fenómeno de la migración hacia Estados Unidos ni remediar la pobreza en México.
Junto a las anteriores concepciones teóricas derivadas de diferentes estudiosos del tema, se encuentra el perfil que del programa hace la propia Sedesol. Para esta dependencia el programa tiene una dimensión sociopolítica importante, ya que representa un esquema de vinculación que permite a la sociedad civil cambiar las condiciones de las comunidades y refleja la manera en que éstas pueden determinar acciones y proyectos para su desarrollo sin apoyarse ni depender completamente del gobierno.
Prueba de ello —según la Sedesol— es que cada obra efectuada en el marco del programa le cuesta a la Federación únicamente 25% del total, situación que difícilmente se observa en otros programas de subsidios.
En ese escenario, el Programa 3×1 para Migrantes se constituye —según la concepción de la dependencia aludida— en un esquema de financiamiento tetra partito que fortalece la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
El año pasado (2012) el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un préstamo por 21 millones de dólares para apoyar las inversiones de migrantes mexicanos en el extranjero destinadas a sus comunidades de origen, a través del Programa 3×1 para Migrantes de la Sedesol.
En un comunicado, el organismo internacional informa que esos recursos ayudarán a financiar obras de electrificación, agua potable, pavimentación, drenajes y alcantarillado, así como de infraestructura y equipamiento para centros de salud, educativos y deportivos. Además, añade, para fortalecer la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del programa creado en 2002, así como para mejorar las capacidades de gestión, inversiones y la coordinación interinstitucional.
El Banco menciona que con estos recursos se busca impulsar la creación y capacitación de más clubes en las comunidades de origen, pues constituyen el mecanismo de contraloría social de los proyectos y desempeñan un papel clave en el seguimiento de la ejecución y mantenimiento de las obras.
De acuerdo con el organismo, desde 2006 el BID apoya el programa que ya es instrumentado por otros países y quienes han tomado como modelo el programa de la Sedesol, sobre todo en el tema de proyectos productivos patrimoniales.
En una década, el 3×1 para Migrantes ha canalizado recursos a 29 estados y más de mil municipios, en un beneficio calculado para casi 1.7 millones de mexicanos.
El costo total del proyecto a realizar con el BID es de 72.7 millones de dólares, de los cuales 51.7 millones corresponden a la Sedesol y a Nacional Financiera (Nafin).
