La seguridad nacional se funda en dos principios esenciales que marcan los supuestos de su actuación. El primero es de carácter subjetivo que corresponde al ámbito de sus valores que orientan la acción y que se constituyen en el fundamento de sus fuerzas morales, los cuales derivan de las luchas sociales donde el pueblo ha sido el protagonista central para dirimir el conflicto.

El segundo, es de carácter objetivo y gira en derredor de los intereses nacionales a preservar, defender y proyectar y que constituyen el marco de nuestra defensa común, aunque puedan ser contradictorios de acuerdo a las clases que los sustentan, por lo que el Estado debe colocarse como el campo de la lucha política manteniendo el orden social y enmarcando las condiciones de la negociación y el consenso. Al tiempo que las presiones en que se sustentan las demandas, deberán mantenerse, considerando que por encima de todo están los intereses de la nación, en la medida en que involucran y comprometen a la sociedad entera, pues de ella deriva la voluntad nacional que constituye la base de la acción y el fundamento de toda decisión democrática.

A su vez, en el marco de la actuación que gira en derredor de conflictos, cabe destacar cuales son los condicionamientos y límites para determinar la libertad de acción de las fuerzas del orden y derivar de la misma, la capacidad de iniciativa en un conflicto. En este sentido, la libertad de acción de una fuerza militar está condicionada en sus alternativas de respuesta por: las acciones de enemigo; los condicionamientos políticos; las restricciones morales y el marco jurídico vigente.

Para el caso de los actores no estatales como el crimen organizado dentro del cual esta el narcotráfico, el terrorismo, los secuestradores etc. donde los estados nacionales siguen considerando a sus agentes como si se tratara de ciudadanos sujetos de deberes y derechos, por tanto sometibles a juicio público, con derecho de defensa, a presunción de inocencia, al derecho de vida y a ser sometidos a debido proceso, en lugar de ser sujetos considerados como criminales de guerra.

La pregunta que es necesario considerar: personas armadas capaces de enfrentar a las fuerzas del orden y con suficiente capacidad de fuego; que no se someten a la ley, ni al orden establecido; que combaten a las instituciones llegando el caso de corromperlas e imponerles mediante mecanismos ilegales sus premisas y limites de actuación; dispuestos a secuestrar o aniquilar a personas, familias y patrimonio, y que nunca han dado ni reconocido a sus victimas derecho alguno, no respetando vidas, honra y bienes, que es el mayor ultraje a la dignidad humana. ¿Pueden seguir siendo ciudadanos?

Por lo que la pregunta central de este argumento es: ¿tienen estos sujetos el amparo del Estado de Derecho? Si la respuesta es afirmativa, se puede llegar al nivel de la temeridad y en ello encuentro dos peligrosas propuestas sustentadas tanto por el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, actual Secretario de la Defensa quien afirmó en Teloloapan, Guerrero: “la legalización del cultivo de amapola podría ser una salida al problema de la violencia en el Estado de Guerrero. Y agregó: “Ya está en la mesa, creo que puede ser una salida al problema, El único tema a revisar en el caso de la propuesta es el de cómo garantizar la seguridad de los campesinos que dejarían de venderle a los cárteles para convertirse en proveedores del gobierno”. O sea ¿el Estado comprador de droga?

En una línea convergente está el presidente electo, quien además de haberles ofrecido amnistía a estos criminales en la campaña, la semana pasada afirmó en Zacatecas: “pagar mejor al campesino es la mejor opción contra la siembra de la droga”. Volvemos al mismo punto, no sigamos pensando que la pobreza conduce al crimen y a ser delincuentes. Hoy el crimen organizado atrae por igual a todos los sectores sociales, no es exclusivo de los pobres. A su vez debe de saber AMLO que no hay otro cultivo que tenga más rendimiento que la siembra de estupefacientes, desde quien lo cultiva, procesa, transporta, distribuye y vende, simplemente representa pasar de 100 dólares por kilogramo de vulva de amapola u hoja de coca para convertirla en pasta hasta el valor estratosférico que adquiere en las grandes ciudades del desarrollo, donde un kilo puro del producto puede alcanzar un valor de ciento treinta mil dólares. Al venderlo por micro dosis y adulterado.

Por eso, si aceptamos estas premisas, dejemos entonces que los bárbaros hagan la ley y deroguemos todos los códigos que los sancionen para que la sociedad que es su víctima conozca que también ellos tienen el mismo derecho a la impunidad. Pero de no ser así, reconozcamos los errores y admitamos que estos delincuentes merecen un estatus diferente desde el cual puedan ser combatidos. De otra manera, los derechos humanos quedarán, como ahora para uso y beneficio exclusivo de la delincuencia organizada.

Todo esto ocurre en la medida en que desde los más altos niveles del poder se hacen declaraciones fútiles, pero no propuestas orgánicas donde la sociedad participe en la resolución de sus problemas, pues estos costos se multiplican al grado que el CEESP planteó hace unos días que el costo de la delincuencia equivale al 14 % del PIB y que el número creciente de muertos, desaparecidos y discapacitados se multiplica en el país. Costo que bajo ninguna circunstancia puede continuar, pues todo esto se produce por actores no estatales como las diferentes variantes del crimen organizado, que han dado muestra evidente que cuentan con mejor armamento, han penetrado la inteligencia del Estado, tienen el control de centros de poder y lo peor, se difunde día con día una imagen de héroes que no tienen, a través de la televisión y el cine.